19 ago. 2013

LOS FUSIFISCALES/ Gonzalo Himiob Santomé

Alguno podría argumentar que cuando comenzaron a trabajar en el Ministerio Público no eran como son ahora, que se trataba de muchachos y muchachas honestos, y hasta cierto punto ingenuos, que tenían buenas intenciones, y que en sus primeros pinitos como fiscales ponían el alma en sus empeños sin teñirlos con los tonos del servilismo, de la persecución o de la intolerancia.
 
En los tribunales uno los reconoce de inmediato, y no precisamente por la credencial que cuelgan de sus pechos. Son casi todos jóvenes, no necesariamente muy lúcidos ni elegantes en la elección de sus atuendos, pero sí prestos y dispuestos a un código indumentario que los hace fácilmente identificables, una suerte de “uniforme” no declarado que de manera inconsciente les hace parte de la misma manada. Caminan con la arrogancia y la seguridad que les confiere el saber que cuando se trate de algún caso de “relevancia nacional” que les sea encomendado directamente desde el Despacho de la Fiscal General, no hay pérdida posible. También saben que en la medida en que se presten a esos juegos irán escalando posiciones y adquiriendo más poder (claro, hasta que el gobierno se canse de ellos) así que no piensan mucho en las implicaciones éticas de sus actos. Poco importa que se midan en los estrados con los mejores juristas de nuestra nación o con otros mascachicles recién graduados como ellos, si la orden se emite “desde arriba”, no habrá solicitud, por descabellada o abusiva que sea, que les nieguen nuestros tribunales sumisos. Todo lo que pidan, por arbitrario que resulte, les será concedido aunque ni siquiera se tomen la molestia de hacer pasar sus escritos por el corrector ortográfico de sus laptops ni mucho menos el de verificar si lo que están haciendo en una u otra causa está o no dentro de los parámetros de la Constitución o de la Ley.

Tampoco les preocupa mucho la coherencia en sus argumentos ni prepararse a cabalidad, y prefieren muchos de ellos indigestarse con libros de autoayuda y hacer esos cursitos y diplomados jurídicos “express” que algunas universidades irresponsables ponen a la orden de las instituciones del Estado (esos en los que niveles de exigencia son mucho más pequeños que los pomposos diplomas que luego cuelgan en sus oficinas) que hacer estudios superiores serios y consecuentes. Es lógico que así sea, como el conocimiento libera, si se prepararan en verdad para más que desempeñar el papel que el sistema les ha asignado, abrirían sus ojos a la realidad de que lo que hacen está mal, muy mal.

Lo peor es que creen a ciegas que la razón y la ley están de su lado y que por eso es que no pierden juicio alguno. Según ellos, todos los demás colegas somos estúpidos, siempre estamos equivocados y nunca sabemos lo que hacemos. Nadie está por encima de la “doctrina” del Ministerio Público, ni puede cuestionarla, y siempre tienen a la mano referencias de supuestas y dudosas “eminencias”, que nadie conoce por cierto, para sustentar sus alegatos. Ante la dureza de la alternativa, la que implica comprender y aceptar que no son más que títeres cuyos hilos mueven unos dedos y unas manos peludas que poco o nada tienen que ver con ellos, ante la crudeza de enfrentarse a la verdad de que no son más que instrumentos que otros usan para lograr objetivos que no les involucran ni les benefician, optan por crearse y creerse su propia leyenda. Están convencidos de que ganan los casos políticos en buena lid y por ser “mejores” abogados que todos los demás. Si las consecuencias de sus actos no fuesen tan nefastas, si en cada una de sus sesgadas e inmerecidas “victorias” no muriese a cada instante y poco más el Estado de Derecho en nuestra nación, hasta lástima darían.
 
Recuerdo un caso en el que las evidencias presentadas por la Fiscalía para justificar la privación de la libertad de un connotado líder estudiantil eran imágenes de su Facebook en las que aparecía que “le gustaba” la página de Gandhi, que según el payaso de turno era un “modelo de insubordinación y de irrespeto a las instituciones establecidas” y por ende, “reflejo de la peligrosidad del justiciable”. También la causa en la que las “pruebas contundentes” de la autoría de otro joven de una supuesta “alteración del orden constitucional” eran unas fotos que el inefable Mario Silva había captado de otro sujeto, un hombre alto de al menos cien kilos de peso, que la Fiscalía pretendía hacer pasar por mi defendido, un muchacho muy delgado y de baja estatura. Tampoco puedo olvidar el último día del juicio en el que se condenó a Francisco Usón, día en el que los Fiscales Militares (en aquel momento bajo las órdenes del que era el Fiscal Superior Militar, Eladio Aponte Aponte) para evitar la presentación de una prueba de la defensa, alegaron, tal y como se lee, una diarrea “incontenible” que de improviso habría empezado a sufrir en plena audiencia el representante del Ministerio Público, tras lo cual, para mayor sorpresa, logró con tal escatológico argumento un diferimiento que le permitió ir a “pedir línea” para ver cómo manejaba las cosas de allí en adelante.

Se sirven de cuanta triquiñuela existe para lograr sus objetivos. El truco más barato de su manual es el de atribuirle a las personas que persiguen por motivos políticos, a guisa de “precalificación” (esto es, de una calificación jurídica que en las primeras etapas del proceso no pueden siquiera demostrar), delitos exuberantes con penas altísimas con la única finalidad de teñir las causas con tonos que no merecen y que les permiten “justificar” y presumir ilusorios “peligros de fuga” o “peligros de obstaculización” de las investigaciones sólo para mantener en prisión preventiva a sus víctimas. También les da por esconder en sus despachos evidencias que sólo aparecen y son puestas a disposición de la defensa a última hora y por solicitar, cuando así les place y bajo el dudoso argumento del “resguardo de la seguridad de la nación” la reserva de las actas, a los fines de que ni siquiera el acusado tenga acceso a las mismas ni pueda saber qué hacen o dejan de hacer los tribunales o la fiscalía. Tampoco importa que la Constitución y el COPP digan que toda persona debe ser tenida y tratada como inocente hasta que una sentencia condenatoria disponga lo contrario, o que la regla, que no la excepción, es que se permita a los justiciables enfrentar sus juicios en libertad. No interesa que se sepa la verdad, ni que se demuestre la culpabilidad o la inocencia de nadie. Lo que importa es convertir al proceso, en sí mismo, en un castigo. La represión es la regla, y mientras más absurda o descabellada sea, más méritos acumula a los ojos de quienes les mandan.
 
Son ellos y ellas entonces las armas que los poderosos, que no quieren ensuciarse las manos, apuntan en el paredón de la injusticia contra quienes el gobierno ha decidido perseguir sólo por resultar incómodos políticamente o por pensar diferente. Son los fusiles de la fiscalía, son los fusifiscales.
@HimiobSantome