13 sept. 2013

Fiscal negó que retiro de la Corte IDH perjudique a las víctimas

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
No sólo respaldó la decisión del Gobierno de sacar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, le restó importancia al negar que la medida vaya a aumentar la desprotección en la que están las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales; y atribuyó esta opinión a grupos que "desprecian a las instituciones del Estado".
"Hay una preocupación que han manifestado algunas personas: ¿A dónde vamos a acudir? ¿Cuál es el mecanismo de protección que va a tener Venezuela? Primero en Venezuela se respetan los Derechos Humanos y en Venezuela existen mecanismos que establecen la Constitución y las leyes para denunciar: Está el Ministerio Público, pero hay un desprecio por las instituciones del Estado en esos que denuncian que estamos desprotegidos", afirmó ayer la funcionaria, en el programa que todos los jueves conduce por Radio Nacional Venezuela (RNV).
Sin embargo, el despacho de Ortega Díaz no ha podido resolver ni llevar ante los jueces a los responsables de casos como las masacres de El Amparo, El Caracazo o del Retén de Catia, pese a que han transcurrido más de 20 años desde que ocurrieron. La única instancia que ha emitido un pronunciamiento sobre esos crímenes, ordenando al Estado indemnizar las víctimas y sancionar los responsables fue precisamente la Corte Interamericana.
En su informe de gestión correspondiente al año 2009 el Ministerio Público reconoció que de las 9.610 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que recibió solamente 315 terminaron ante los jueces; es decir apenas el 3%.
Espaldarazo total
Ortega Díaz apoyó la salida de Venezuela del tribunal internacional, por considerar que el mismo "nunca ha hecho nada serio para que se investiguen y sancionen" los crímenes cometidos durante las dictaduras que plagaron a la región.
La Corte Interamericana en caso contra Perú (Barrios Altos) declaró ilegales las leyes de amnistía dictadas por el Gobierno de Alberto Fujimori a favor de un grupo de militares y policías que participaron en acciones contra grupos guerrilleros, al señalar que los delitos de lesa de humanidad son imprescriptibles.
En acatamiento de este dictamen la Corte Suprema de Argentina anuló en 2005 las polémicas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las cuales buscaban cerrar los procesos contra los militares que durante la última dictadura que vivió ese país (1976-1982) cometieron ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas.
En Chile, por su parte, varios jueces se han escudado en la jurisprudencia de la Corte para conocer en los últimos años casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), obviando así la ley que éste dictó para amnistiar esos crímenes.
Por último, la Fiscal respaldó la propuesta del fallecido presidente Hugo Chávez para crear un nuevo sistema de protección de garantías fundamentales, que incluya un juzgado, en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Alianza Bolivariana de América (ALBA). ¿La razón? "El sistema interamericano se ha convertido en un enemigo de los pueblos latinoamericanos".