26 nov. 2013

Nicolás, ¿qué pasa con Simonovis?

Por: Fernando Rodríguez/ Editorial TalCual

José Vicente Rangel retomó, al parecer, su viejo “oficio” de defensor de los derechos humanos y le pidió por segunda vez a Nicolás Maduro que le otorgara una amnistía al comisario Iván Simonovis. Desde este periódico hemos solicitado en diversas oportunidades una medida similar para el exfuncionario de la Policía Técnica Judicial así como también para los agentes de la Policía Metropolitana, sentenciados por el mismo caso, y otros presos políticos que hay en el país.


El presidente Nicolás Maduro afirmó este fin de semana que en Venezuela todos los ciudadanos gozan de los derechos establecidos en la Constitución. Sin embargo, lo que ocurre con Simonovis y los agentes de la extinta Policía Metropolitana Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina, Héctor José Rovaín, Arube José Pérez y Marco Javier Hurtado, desmiente la afirmación del jefe del Ejecutivo.

El comisario Simonovis sufre 19 padecimientos médicos diferentes, incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia no hace mucho. Sus dolencias han sido certificadas por forenses del Cicpc, de la Fiscalía, del Sebin y del Hospital Militar; sin embargo no han sido tomados en cuenta por la juez que tiene en sus manos la decisión quien, según el propio Simonovis, quiere que se establezca una junta médica militar para determinar su estado de salud. ¿Por qué tantas excusas para decidir? ¿Será que no ha recibido la orden correspondiente y no sabe qué hacer? ¿O tal vez sí la recibió y la misma es mantener preso a Simonovis? Por cierto, ¿por qué tiene que ser militar la junta médica que evalúe la salud del comisario? A los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas se les otorgaron medidas humanitarias. Razón tiene Simonovis cuando afirma que hacia él hay una venganza particular. La juez de ejecución que tiene en sus manos el caso, Ada Marina de Armas, tiene la palabra.

Apartando sus dolencias físicas, a Iván Simonovis le corresponden, desde abril de 2012, medidas alternativas a su situación actual, las cuales ha solicitado sin resultados. Por haber cumplido la cuarta parte de la pena impuesta tiene derecho a lo que se denomina destacamento de trabajo, que significa poder salir a trabajar y regresar de noche a dormir en la prisión.

En la misma situación se encuentran los policías metropolitanos. Los tribunales, los mismos que son diligentes para acordar lo que el Ejecutivo quiere, se hacen los locos ante tales alternativas contempladas en la legislación y que permitirían ir pagando la pena en otras condiciones.

A los Guevara, condenados por el caso de Danilo Anderson, también les corresponde esta medida, pero los jueces no han recibido la orden de otorgárselas. Es por ello que las palabras de Nicolás Maduro no se corresponden con los hechos. La realidad, lo concreto, es que el Poder Judicial no está aplicando la ley tal como está escrita, por lo que no todos los venezolanos gozan de los derechos establecidos en la Constitución. No hay democracia sin Estado de Derecho, y para ello es fundamental la absoluta independencia del Poder Judicial.

Sea coherente Maduro, respete las leyes, no se inmiscuya en su aplicación cabal.