7 ene. 2014

De la Tiranía al Estado de Derecho por Tamara Suju


Comenzó el 2014. Muchos tenemos razones fundadas para decir: gracias a Dios se terminó el 2013. Año en que dos contiendas electorales nos tuvieron en vilo y la situación económica y social en angustia y zozobra. Los últimos días transcurrieron con los dimes y diretes que se suscitaron luego de la reunión de los Alcaldes y Gobernadores de la oposición con Nicolás Maduro y parte de su tren ejecutivo.
Algunos han hablado que es el comienzo de un diálogo necesario y estratégico para que tanto gobierno como oposición puedan sobrevivir y superar el estado de ingobernabilidad que estamos viviendo. Otros piensan que Nicolás busca apoyo para las medidas económicas que debe tomar su gobierno de forma urgente este año,  y así conseguimos diversas opiniones. La realidad es que todos estamos esperando hechos, no palabras. El país está fragmentado, polarizado y a punto de quiebre económico y social, es decir, si todos los venezolanos como propósito de año nuevo no nos planteamos la urgencia de buscar soluciones a los cánceres que nos consumen como sociedad, los venezolanos veremos cómo se alejan aún más las pocas oportunidades que tenemos de superar esta crisis político- social y económica por lo menos los próximos 6 años por venir.
El regreso al pleno cumplimiento de la Constitución debe ser el pacto social por el que el  gobierno debe transitar junto a la oposición. Las ramificaciones inconstitucionales en cuanto a estructura legal, instituciones, difusión y educación  del sistema al que llamaron "socialismo del siglo XXI" que han tratado de imponer, debe ser desmontado.
Nuestra Constitución es muy clara cuando dice:

     Artículo 2. :Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Hay varios puntos que considero imprescindibles deben darse o ejecutarse por parte del gobierno para que la oposición pueda considerar que realmente hay intención de  iniciar un proceso de transición que nos pueda devolver el Estado de Derecho en nuestro país, si es que realmente hay intención de devolverle a los venezolanos la paz, el bienestar y el progreso que todos merecemos.
Al momento de entregar este artículo (lunes 23 de Diciembre) Iván Simonovis seguía preso, sin recibir ninguna medida que le permita tratarse oportuna y eficazmente de las dolencias que padece.  Los presos políticos seguían presos, aún teniendo el tiempo necesario para recibir las medidas alternativas por cumplimiento de la pena que les corresponde por Ley. Los procesados penales por razones políticas seguían en las mismas circunstancias y los exiliados continuaban lejos de su Patria.  Es decir, no se habían otorgado medidas humanitarias, indultos o una Ley de Amnistía y Reconciliación política que acabara con la persecución, discriminación y retaliación que durante 14 años han dividido a la sociedad venezolana. El cese de la persecución y del discurso de odio y discriminación contra el otro lado del país que piensa diferente, debe ser inmediato y asumido por todos los representantes del gobierno.
Como segundo punto en mi agenda, está el problema de la inseguridad. El gobierno debe plantearse la inseguridad como asunto de Estado. El desmantelamiento de los grupos y colectivos armados que funcionan a sus anchas con la venia del gobierno en todo el país debe ser tratado con prioridad. No pueden existir fuerzas armadas paralelas en un Estado donde la impunidad supera el 90 %, lo que hace que tanto estos grupos como el hampa común se sientan a sus anchas para actuar. La articulación de todas las policías municipales, regionales y nacionales debe ser para combatir la inseguridad y devolverle a los ciudadanos los espacios comunes en su ciudad, en el trabajo, en los sitios de esparcimiento y cultura que no nos atrevemos a usar o disfrutar ni de noche ni de día por miedo a ser una víctima más de los delincuentes. Secuestradores, sicarios y homicidas deben ser los verdaderos perseguidos y recibir todo el peso de la Ley.
La renovación de los poderes públicos. El poder Legislativo esta en Mora con los venezolanos. La Elección de los 3 rectores del CNE, del Contralor General de la República y de los Magistrados que sustituirían a los 10 que ya tienen su cargo vencido debe ser el comienzo de la apertura hacia la independencia y reinstitucionalidad de los poderes públicos. Estos cargos deben ser ocupados por personas probas, no partidistas y de reconocida trayectoria profesional.  Sin independencia de poderes no hay democracia. Sin Instituciones sólidas que respondan al servicio de los ciudadanos y no a un partido político, no hay democracia.
Otro punto álgido en la agenda sería la despolitización de la Fuerza Armada Nacional y su regreso a la institucionalidad. Es necesario que nuestros oficiales dejen de hacer política y se dediquen a los objetivos para los cuales fueron formados. También es muy urgente que se retome la profesionalización de todo el cuerpo, que se acabe la propaganda política dentro de los cuarteles, que cesen los lemas con carácter político en los discursos y que los oficiales vuelvan a los lugares propios de su profesión, comandos, zonas estratégicas de soberanía, etc., y dejen que los cargos administrativos civiles que tanto ambicionan ahora, sean llevados por civiles. La FAN debe dejar de ser utilizado como un brazo político del partido de gobierno y volver a ser la Institución que señala expresamente la Constitución Nacional.

Para culminar, y no porque no queden más puntos, sino porque se me acaba el espacio, se deben dejar sin  efecto leyes inconstitucionales que menoscaben los derechos de todos los venezolanos, empezando por el Plan de la Patria que fue convertido en Ley y aquellas que por ejemplo, cambian la división político territorial, violan la libertad de conciencia y expresión, cercenan el derecho a la propiedad privada, violan el derecho a la educación libre y plural, el derecho a estar informados, entre muchas otras. El sector productivo del país necesita un marco de seguridad jurídica que le ofrezca los correctivos necesarios  para impulsar la inversión y superar el miedo a quedarse o establecerse e invertir.  Depende de la voluntad política real de cumplir y hacer cumplir las leyes estrictamente constitucionales.  No se le puede pedir al inversor que apueste a Venezuela, con un fusil apuntándole en la sien.