10 feb. 2014

Organizaciones rechazan detención de universitarios

El Impulso
Diversos organismos que abogan por la defensa de los derechos ciudadanos se pronunciaron en contra de la detención de estudiantes universitarios, luego de las protestas ante la residencia del gobernador del estado Táchira, donde la propiedad del gobierno regional de esa entidad fue atacada por encapuchados que lanzaron piedras y causaron destrozos.
El documento está firmado por Norma Delgado (Federación de Abogados de Venezuela), Gonzalo Himiob y Lilia Camejo (Foro Penal Venezolano), Tamara Sujú y Alba Caballero (Nueva Conciencia Nacional), Jackeline Sandoval (Fundepro), Rosa Blanca Mármol y Haydée Deutsch (Damas de Blanco), Elenis Rodríguez, Sonia Guanipa y Carlos Aponte (Fundeci), Carlos Nieto (Una Ventana a la Libertad) Alejandro Armas (Espacio Civil) y Aixa Armas (Mujer y Ciudadanía). Los firmantes del documento criticaron la conformación de un tribunal en las instalaciones del Comando Regional 1 de la Guardia Nacional para el procesamiento de los detenidos, la cual calificaron de "sorpresiva e irregular”.
Asimismo, señalaron que los estudiantes Reinaldo Manrique, Leonardo Manrique y Jesús Gómez, fueron detenidos cuando apenas acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para preguntar por sus compañeros, dos adolescentes menores de edad, sin que existiera una orden de aprehensión en su contra y sin estar en medio de protesta alguna.
Los menores de edad fueron presentados en los tribunales, y se espera que les sea otorgada medida cautelar sustitutiva cuando se cumplan los requisitos de ley, mientras que el trío de detenidos en el Sebin fueron llevados a la cárcel de Coro. Los detenidos están acusados por la presunta comisión de delitos de robo, destrucción al patrimonio público, lesiones leves y conspiración, contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Este domingo, nuevamente los tachirenses tomaron las calles de la ciudad de San Cristóbal para manifestar su rechazo a las detenciones, así como el traslado de los estudiantes detenidos. De acuerdo con el diario La Nación, los manifestantes marcharon desde la Gran Avenida hasta el Obelisco de los Italianos. Al final de la caminata, los participantes se instalaron en la intersección de las avenidas Carabobo con Ferrero Tamayo, declarados en vigilia permanente hasta la liberación de los estudiantes.
Además de la criminalización de la protesta estudiantil, quienes suscriben el acuerdo señalan la designación de un centro de reclusión ubicado a unos ochocientos kilómetros de distancia del juez natural y del sitio donde sucedieron los hechos.
Por último, se manifestó un rechazo contundente a la forma brutal y violenta, en la cual el Estado habría reprimido las protestas, con un saldo de dos muchachos heridos en el estado Mérida, así como detenidos tanto en esa entidad como en Táchira. En Mérida los aprehendidos fueron Alcides Márquez y Javier Dugarte, mientras que otros tienen órdenes de aprehensión en su contra.