21 feb. 2014

Una cárcel militar alberga al político Leopoldo López

PATRICIA SULBARÁN / JESUS A. YAJURACaracas / Madrid


La cárcel de Ramo Verde lleva el nombre oficial de Centro Penitenciario para Procesados Militares (Cenapromil). Está ubicada en una zona de mismo nombre en Los Teques, capital del céntrico estado de Miranda, a las afueras de Caracas. Hasta allí fue llevado el líder opositor del partido Voluntad Popular, Leopoldo López,quien se entregó a la justicia venezolana el pasado martes ante la presencia de miles de seguidores.
La Fiscalía venezolana había emitido el pasado martes 18 en la noche la orden de captura contra López, al considerarlo responsable por losdelitos de daños a la propiedad, determinación de incendio intencional, instigación pública y asociación para delinquir. Se incluían, también, los cargos de terrorismo y homicidio por causa de las muertes de dos estudiantes y un expolicía miembro de los colectivos oficialistas de la parroquia 23 de Enero. Este par de acusaciones se descartaron de la lista de imputaciones a López ayer.

Una prisión militar para disidentes civiles

Pese a ser una prisión militar, Ramo Verde ha sido utilizada como centro de detención para disidentes civiles desde el fallido golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez, en abril de 2002. Allí estuvo recluido el dirigente sindical y expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, involucrado en el levantamiento civil que buscaba la salida de Chávez, quien escapó de este recinto para exiliarse en Perú. Permanecen en sus celdas cinco exagentes de la extinta Policía Metropolitana y el excomisario Iván Simonovis, quien fuera secretario de seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.Recibieron condenas de hasta 30 años por los sucesos del 11 al 14 de abril de 2002, en los que murieron 19 civiles.
La otra instalación donde han sido recluidos los disidentes considerados como "presos políticos" por la oposición venezolana y las ONG son los cuarteles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del Estado. El edificio es un armatoste que fue encargado durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década de los sesenta. Ni el Sebin ni el Cenapromil se hallan dentro de la jurisdicción del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, liderado por la exdiputada Iris Varela.
Las condiciones de encarcelamiento del Sebin y Ramo Verde son por completo opuestas, según explica el abogado y portavoz del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob. En el Helicoide hay calabozos para detenciones por cortos periodos, mientras que Ramo Verde representa lo contrario a los típicos centros penitenciarios venezolanos, comandados a menudo por los "pranes", delincuentes que los administran al margen de la ley y bajo la complicidad de la Guardia Nacional. "El Cenapromil es de las cárceles más seguras del país por su carácter militar. No son comunes los motines ni los alzamientos", afirma Himiob, quien ha denunciado al Gobierno venezolano por violaciones a derechos humanos ante organismos como la Corte Penal Internacional.

Condiciones "inhumanas" de reclusión

El caso de Iván Simonovis, de 53 años de edad que ha estado preso durante nueve por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, ha llamado especialmente la atención de las organizaciones que defienden los derechos humanos, debido al deterioro progresivo de su salud. El comisario pasó siete años retenido en el Sebin y la defensa alega que las condiciones "inhumanas" de reclusión contribuyeron al padecimiento degenerativo que afecta a sus huesos, entre otras enfermedades, según indicaba al diario venezolano 'Últimas Noticias' su abogado, José Luis Tamayo.
El presidente Nicolás Maduro le negó la amnistía y el indulto en diciembre del año pasado, al tiempo que el Poder Judicial desestimó la cuarta medida humanitaria solicitada en un periodo de dos años. En su lugar, lo trasladaron a la cárcel de Ramo Verde en febrero del año pasado.
Este recinto, según describe la directora de la Fundación para el Debido Proceso (Fundapro), Jackeline Sandoval, "cuenta con una enfermería de medicamentos básicos". A los presos afectados de salud, indica, los refieren al hospital Santaella, en Los Teques, o al Hospital Militar, en Caracas.

Mayoría de presos sentenciados por tráfico de drogas

La mayoría de la población penal del Cenapromil -dirigido por el coronel Humberto José Calles- se conforma de soldados jóvenes de rangos bajos, a menudo sentenciados por delitos como tráfico y posesión de drogas; homicidio y corrupción, como señala Sandoval. En el piso cinco se han agrupado tradicionalmente a los reos civiles, entre los que permanecen los expolicías metropolitanos Erasmo Bolívar, Héctor Rovain, Luis Molina, Marco Hurtado, Arube Pérez e Iván Simonovis. En otro nivel, no obstante, se encuentra el general y exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, quien encabezó la operación cívico-militar que restituyera a Hugo Chávez en el poder en 2002. Se le culpó en 2009 por sustracción de fondos pertenecientes a la Fuerza Armada y está preso desde ese entonces.
El informe anual de Fundepro (Fundación para el Debido Proceso) fechado en enero pasado contabiliza 317 detenciones a políticos durante los últimos 14 años: el 58% efectuadas durante los 13 años de mandato del expresidente Hugo Chávez y el 42% (134 casos) bajo la presidencia de Nicolás Maduro, electo en abril del año pasado con una diferencia de 223.599 votos ante el opositor Henrique Capriles.122 de las 134 detenciones se efectuaron durante las protestas que continuaron a la cerrada elección.
Sandoval advierte que el Gobierno realiza "montajes judiciales" en cargos por delitos comunes, como terrorismo y corrupción, con la intención de remover a los políticos de su estatus y desviar así el posible apoyo de organismos internacionales.




La audiencia irregular de Leopoldo López

La defensa de Leopoldo López ha condenado la decisión del tribunal 16 de Control de Caracas de llevar a cabo la audiencia de presentación desde la cárcel de Ramo Verde y no en la sede del Palacio de Justicia durante el pasado miércoles. "¿Cómo puede sentirse libre alguien a quien se le realiza una audiencia encarcelado y en una prisión militar?", cuestiona Gonzalo Himiob, abogado y vocero del Foro Penal Venezolano, quien denuncia que esto supondría "una violación al debido proceso". La Fiscalía también ha imputado cargos en contra de 16 estudiantes por los hechos violentos del 12 de febrero. A diez se les concedieron medidas cautelares y están bajo régimen de presentación, mientras que seis permanecen detenidos en la sede de PoliChacao, al este de Caracas. Estos casos fueron inicialmente remitidos al tribunal 26 de Control, pero el día de ayer se anunció la agrupación de ambas causas. Himiob sugiere que dicha decisión persigue vincular a López como director intelectual de los destrozos atribuidos a los estudiantes.