28 abr. 2014

Asociación de Alcaldes por Venezuela rechaza sentencia del Tribunal Supremo de Justicia



(Valencia, 25 abril. Noticias24 Carabobo) Para Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta, la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es criminalizar la protesta, pues ordena que para ejercer el derecho a la protesta hay que solicitar permiso a las autoridades.
Junto a los alcaldes de El Hatillo, David Smolansky, y de Sucre, Carlos Ocariz, Blyde manifestó que las alcaldías no tienen potestad para autorizar manifestaciones y que además de eso, no puede calificarse una manifestación sin autorización como un acto de desobediencia.
Argumentó que con esta interpretación que realizó el TSJ se deformó el estado de derecho, se cambió y se modificó la ley. “La Sala Constitucional no tiene funciones de legislar”, destacó el integrante de la Asociación de Alcaldes por Venezuela. La sentencia también ordena que las policías municipales actúen en el control de las manifestaciones.
“Ciertamente, las policías municipales pueden colaborar en el control de manifestaciones, integrar un segundo o tercer círculo de seguridad, desviar el tránsito de vehículos, indicarle a la gente por dónde pueden caminar. Pero no contamos con los equipos necesarios ni las competencias para contrarrestar manifestaciones, pues componentes de cuerpos de seguridad son capacitados para ellos y cuentan con armas no letales.No se pueden dispersar manifestantes con armas de fuego”, puntualizó el abogado constitucionalista.
Indicó que la Asociación de Alcaldes por Venezuela solicitó a cancilleres de países de UNASUR una reunión para explicar cómo esta sentencia cercena el derecho de los ciudadanos de manifestar de manera pacífica.
“Vamos a explicarles que esta decisión va contra el pueblo, al igual que la de encarcelar a los alcaldes elegidos en diciembre pasado, Enzo Scarano (San Diego) y Daniel Ceballos (San Cristóbal)”, concluyó Blyde.
Con información de nota de prensa