2 dic. 2014

Civiles armados para reprimir protestas preocupan a defensores de DDHH


De la ONU a las regiones del interior del país. Representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), expusieron en Maracaibo el reporte de violaciones de derechos en Venezuela durante las manifestaciones antigubernamentales del 2014.
Según el abogado Nazir El Fakih, del Centro de DDHH de la Ucab, un factor inédito en el país preocupa sobre manera a las ONG que procuran la defensa de los derechos personales de los ciudadanos: “La presencia de civiles armados en represión de los protestantes”.
Considera “muy preocupante” las acciones de personas armadas que al margen de la ley “trabajan en conjunto con la fuerzas de seguridad del Estado, abriendo paso a un nuevo episodio que no habíamos visto antes, que es la presencia de estos grupos como un mecanismo de represión y agresión contra quienes desarrollan su derecho a la protesta pacífica”.
El Fakih afirma que este hecho alerta a todas Las organizaciones de derechos humanos "por las implicaciones graves que la participación de los civiles armados puede tener a futuro”. Según los registros, la intervención de grupos que portando armas de fuego disuade, con acciones violentas, las manifestaciones públicas, se dio en el Área Metropolitana de Caracas y los estados Zulia, Mérida, Lara y Carabobo.
Detenciones arbitrarias
Los documentos presentados a instancias internacionales dan cuenta de más de tres mil 300 detenidos durante los primeros seis meses del año. El jurista resalta que “en la gran mayoría de los casos se presentaron detenciones arbitrarias”, ya que se violó el debido proceso “porque se practicaron arrestos sin órdenes judiciales, ni en flagrancia de un delito”.
Además, “las personas fueron trasladadas a centros de reclusión sin informarles las razones y manteniéndolos incomunicados de sus familiares y abogados defensores, esto es otra violación más al debido proceso”.

Voces
Humberto prado. Dir. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“Llevar a estudiantes a cárceles comunes es un crimen”, considera el director nacional del OVP.  Humberto Prado expuso su experiencia luego entrevistar a los jóvenes recluidos en prisión por participar en protestas.
“Son muchachos que después de estar en una universidad estudiando las ciencias académicas, están tomando un posgrado en delito al lado de personas que han cometido secuestros, robos u homicidios, y van a quedar contaminados, no estoy diciendo que van a ser delincuente, pero esta situación pudo haberse evitado no llevándolos a las cárceles comunes”.
Prado sostiene que en un Estado democrático, “como lo es Venezuela según la Constitución”, no puede permitirse la judicialización de la protesta, “y eso es lo que está haciendo el Gobierno con los estudiantes”, sentenció.
“Tú no puedes llegar de la noche a la mañana a meterlos en una cárcel por expresar sus necesidades, porque cometes la injusticia más grande en contra de un muchacho. Por eso es que es importante el informe de la ONU, porque habla del uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos y le requieren al Estado que restablezca esos derechos como es debido”.

Marco Ruiz. Secretario general del SNTP.
Año nefasto para la libertad de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advierte que el 2014 quedará registrado como “el año más difícil para el libre ejercicio del periodismo y el año con mayores agresiones cometidas en contra trabajadores de los medios de comunicación en la última década”.
Marco Ruiz, secretario general del SNTP, cuestiona la falta de protección por parte de los organismos nacionales a los periodistas que ejercen la profesión en el país.
“Hoy los periodistas en Venezuela no cuentan con medios de protección y las cosas ocurren ante la mirada inerte de los organismos del Estado, que en la mayoría de los casos son cómplices. Lamentablemente el que golpea a un trabajador de la prensa en Venezuela no está pagando por eso”, denunció.
Reconoce que en el contexto de las manifestaciones hubo un compromiso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de no agredir a los medios luego del 12 de febrero, “pero no se avanzó en las investigaciones de los efectivos que días antes habían agredido a reporteros y fotógrafos”, añadió.
Caracas, Carabobo y Bolívar las regiones con mayor número de agresiones a trabajadores de los medios de comunicación.

2014-cifras rojas
Derecho a la vida
Muertos vinculados a protestas: 43 personas
Heridos en manifestaciones: Más de 870 ciudadanos según el Ministerio Público (MP)

Derecho a la protesta
Detenciones según la Fiscalía: 3.306 ciudadanos
Procesos judiciales en curso: 1.921 (liberados con medidas cautelares)
Continúan detenidas: 80 personas.
Menores de edad involucrados: 287 adolescentes

Derecho a la información
Agresiones a trabajadores de la Prensa: 276
Ente agresor: 74 % de los casos, funcionarios de las fuerzas de seguridad pública
Persecución judicial: 23 profesionales sometidos a detenciones e interrogatorios
Robo o destrucción de equipo de trabajo: 55 casos, principalmente reporteros gráficos y camarógrafos