16 ene. 2015

FUNDEPRO: INFORME ANUAL 2014-FUNCIONARIOS CAIDOS

 FUNCIONARIOS CAIDOS

En Venezuela lamentablemente, la función de la policía solo es vista desde el aspecto  negativo, es decir como violador de derechos humanos, y a veces pareciera que su conducta no ayudara a verlo desde otra perspectiva, y mas aun cuando a la luz de los hechos de protestas masivas del 2014, el Ejecutivo Nacional decidió felicitar a los cuerpos policiales y militares por su actuación.

Una realidad insoslayable es la que la policía, doquiera se encuentre, será siempre la expresión del poder. Si ese poder no tiene medida, y es utilizado para fines distintos a la verdadera función de la policía será inútil pretender que la policía actúe en salvaguarda de los derechos ciudadanos. Será, por el contrario, visto, como en efecto lo ve así la sociedad, como instrumento de represión política.

El vocablo “Policía”, proviene del griego Polis, que significa ciudad, de allí paso al latín bajo la forma de “Politia”, para luego pasar al castellano en el término ya conocido de Policía, que tiene como significado según la real academia de la lengua como  “Cuerpo encargado de vigilar el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.”
La función de la policía debemos verla como la actividad permanente y concreta que ejercen los organismos de seguridad , con el fin de preservar la armonía social y garantizar el desarrollo de las actividades dentro del orden, evitando que nuestras vidas sean perturbadas, teniendo como norte el mantenimiento del orden público interno.

La Policía es un servicio a cargo del Estado, teniendo como principal competencia el mantener, y garantizar el orden público, el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como la convivencia pacífica de todos los residentes de un país, estado o municipio según sea el caso.

Los miembros de un organismos de seguridad interna (Policía), debe poseer una formación académica integral, que le permita desde los diferentes niveles y jerarquías gerenciar y dar respuesta a cualquier hecho que se le presente, debe tener una formación ética, profesional y social que le permita alcanzar  liderazgo dentro de la sociedad, para lo cual debe prepararse adecuadamente hasta conseguir plena idoneidad y el respeto de la ciudadanía.

La Fundación para el Debido Proceso, continuó dando seguimiento a un tema que para su importancia solo ha tenido cierta repercusión en los medios de comunicación, como son las constantes muertes de Policías o miembros de nuestros distintos órganos de seguridad, teniéndose al robo como principal móvil para que estas sucedan.

Como bien quedo asentado en el informe  anual del 2013, el pasado año murieron producto de la violencia 295 miembros (en todo el país) de nuestras fuerzas policiales, armadas y/o agente de seguridad privada, siendo el Área Metropolitana de Caracas donde más muertes violentas en este rango se produjeron, y siguen siendo los cuerpos mayormente afectados  la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

Como se señaló en el informe anual pasado  las autoridades competentes pareciera que continúan sin ver como un problema el hecho de que cada día muere un miembro de seguridad en nuestro país, este año no solo fueron atacados en forma individual, sino que pudimos observar ataques a sedes de las policías,  muestra de ello tenemos los ataques ocurridos el 17 de marzo cuando unos delincuentes robaron 21 pistolas marcas Glock y Tanfoglio de un módulo policial ubicado en Catia la Mar, estado Vargas; a la Comisaria de la policía regional de la población de San Mateo, Municipio Bolívar del estado Aragua fue atacada el 9 de octubre con una granada, a finales de octubre 3 hombres se llevaron 42 pistolas marca Pietro Beretta calibre 9 milímetros, al perpetrar un asalto en la sede de la PNB de Tránsito Terrestre, en el sector II de Trapichito en Guarenas, estado Miranda; el 4 de noviembre 2014, aproximadamente 30 hombres asaltaron  en la madrugada el Comando Policial de la población El Calvario en el Municipio Francisco de Miranda en el estado Guárico, para cargar con armas, chalecos antibalas y uniformes de funcionarios.

Asaltos similares los perpetraron en una sede policial de San Pedro de los Altos de donde se llevaron 18 pistolas Glock e hirieron a 2 policías. (http://www.el-nacional.com/sucesos/Robaron-chalecos-antibalas-uniformes-comisaria_0_513548816.html) lo que nos demuestra un total irrespeto  y desprecio hacia la autoridad por parte de un sector de la población no identificado. Debemos recordar que como residentes de un país, de una zona geográfica cualquiera, nuestra relación más cercana hacia un miembro de autoridad es precisamente con los miembros de los distintos órganos de policías, y el hecho de ser atacadas sin prever las consecuencias nos demuestra el alto desprecio que se tiene a “la autoridad”, pero creemos que el Gobierno no ve un problema en ello, tampoco las autoridades policiales, porque la generalidad de las muertes  no son con ocasión al cumplimiento del servicio, sin percatarse que las consecuencias de tales homicidios van a devenir en graves violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios adscritos a los cuerpos de investigación penal en nuestro país, ya que es probable que quienes cegaron la vida de miembros ligados a los distintos entes policiales se enfrenten a estos al momento en que culmine la investigación y se proceda a las debidas detenciones.

Igualmente fueron atacados familiares directos de los funcionarios; quienes ejecutan estos homicidios poco les importa asesinar a otra persona aparte del funcionario para obtener lo que desea o cometerlos delante de estos terceros, este año observamos que padres, madres, esposas, primos y otros familiares perdieron la vida junto al funcionario, bien sea para robar su armamento o simple venganza.

Reiteramos  la premisa de que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una fuerza pública: y esta no es otra que nuestros organismos policiales, la cual tiene que ser instituida en beneficio de todo el mundo, incluyendo a los miembros de dichos entes.


La policía como ya hemos establecido  está instituida para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad individual. No conocemos sociedad organizada sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad interior, reprimiendo y previniendo delitos, lo que no significa que necesariamente deba violar derechos y garantías fundamentales. La policía está ligada a los fines y deberes del Estado, no de un sector en particular o individual. Por ello la policía no debe identificarse con ningún partido político o grupo social determinado,  si no quiere convertirse o ser vista  solo como  banda armada.

No entendemos como la situación de nuestra policía como institución es de múltiples carencias, con recursos  insuficientes y menos estimuladas para animar a los jóvenes a ingresar y ser profesionales de estos cuerpos Policiales, por ello  debemos también darles garantías y una de ellas es velar por su integridad personal, porque el policía como cualquier otro ser humano, además de tener deberes debe tener derechos.

La institución policial en todos sus niveles  encarna el deterioro de la imagen de autoridad estatal que se agudiza por factores internos y externos. Los factores internos debemos verlos no solo con las continuas denuncias de corrupción, sino además por la frustración profesional acumulada y la escasez de recursos para cumplir eficientemente con sus funciones. Los factores externos guardan relación directa con la crisis de representación política, corrupción, presiones e interferencias gubernamentales y con la ausencia de una  coordinación e integración  de las distintas policías aun cuando se ordenen depuraciones cada vez que existe una emergencia en materia de seguridad. La inexistencia de una política criminal y de seguridad ciudadana perturba aún más este panorama, ya que por más que insista el gobierno que trabaja en ello no se ven los resultados.

La ausencia de seguridad ciudadana en Venezuela ha alcanzado ya el número aproximado de 338 funcionarios policiales, militares o de seguridad privada muertos, en el año 2013 fueron 295 y en el año 2012 alcanzó la suma de 350 agentes de seguridad en todo el territorio nacional.

Enfocándonos en el 2014, observamos que las entidades con mayor cantidad de  agentes de seguridad fallecidos de manera violenta fueron la Gran Caracas con 132, Carabobo con 62 y Aragua con 43, se reportaron fallecidos en 16 Estados más. (Ver gráficos)

Las Instituciones con mas bajas fueron la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 37 caídos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 36 y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistìcas (CICPC) con 31, en cuanto a las  estadales y municipales, engloban 89 y 105 funcionarios cada una, también se registraron 19 Escoltas asesinados.

De estos 338 homicidios por lo menos el 45%  fue motivado por el robo de armas y/o vehículos, siendo los principales perpetradores sujetos motorizados, el 30% de estos ciudadanos asesinados estaban cumpliendo sus labores y casi el 50% son menores de 30 años.

No nos gusta saber que los policías violen derechos, pero tampoco hacemos nada por darles un mejor tratamiento a los derechos que ellos como seres humanos que son y como parte importante de nuestra seguridad sea una realidad.  Por ello,  debemos otorgarle a través del buen trato, a través del reconocimiento cuando tienen una buena actuación, a través de leyes de esa seguridad que requieren en el día a día para cumplir con sus labores, ya que es un hecho que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente. Es una realidad indiscutible, quieran o no quieran reconocerlo y el hecho que siempre haya sido así, no quiere decir que deba perdurar en el tiempo.


En este orden de ideas, concluimos en la esperanza que las autoridades políticas y policiales  deben erigirse como la primera línea defensiva de la lucha a favor del respeto a los derechos humanos no solo de la población en general sino de los miembros de la policía, a fin de que con ello se promuevan los objetivos mismos de la aplicación de la ley.