26 feb. 2016

Ejecutivo y TSJ, los rivales a enfrentar por la ley de Amnistía

Lenys Moreno / Maracaibo / noticias@laverdad.com
La Verdad.- A juicio de expertos, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son los mayores rivales a enfrentar para la entrada en vigencia de la ley de Amnistía, proyecto legal que espera por su segunda discusión para ser sancionado por la Asamblea Nacional (AN) y que podría beneficiar a un promedio de 30 mil personas.
La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, insiste en que el veto del presidente Nicolás Maduro no impide la vigencia del instrumento legislativo, pero la abogada Jackeline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, condenado a 27 años de prisión por la muerte del fiscal Danilo Anderson, afirma que el Ejecutivo y el máximo tribunal son precisamente la mayor traba a enfrentar.
La ley requiere que tras su sanción por parte del legislativo, esta tenga que pasarla a manos del Presidente de la República, quien tiene un lapso de 10 días para hacer sus observaciones. Si él considera que es inconstitucional, la presenta ante la Sala Constitucional del TSJ, que en un período de 15 días debe emitir si está de acuerdo o no con el primer mandatario. El Poder Judicial también puede optar por un silencio administrativo.
“Ya nosotros sabemos que habrá un veto por parte del Ejecutivo nacional, porque así lo ha dicho el presidente Maduro aún cuando el documento no se había presentado formalmente en la AN. Seguramente habrá un veto. Dirá que es inconstitucional. Además, hay que tomar en cuenta que tenemos un tribunal sumiso a las decisiones del Ejecutivo”, expuso Sandoval tras el Foro Amnistía y Reconciliación, efectuado ayer en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Universidad del Zulia (LUZ) en Maracaibo, donde participó como ponente junto a Gonzalo Himiob, director nacional del Foro Penal Venezolano; Flor Ávila, profesora de esta facultad, y Léster Toledo, diputado del CLEZ.
Indicó que lo que se puede hacer ante el veto es realizar otro proyecto. Himiob concordó con ella al referir que el mayor inconveniente es saber si la ley será publicada o no. En vista de que la Amnistía no incluye a quienes hayan cometido violación grave de derechos humanos, el experto recomendó a los diputados que definan concretamente cuáles son esas violaciones graves.
Léster Toledo, diputado del CLEZ, expuso que el presidente Maduro tiene una oportunidad histórica para aprobar una ley que pide todo el pueblo o darle la espalda a más de siete millones de electores que votaron por un cambio. “No puede ser bloqueada por el TSJ. Siete magistrados no pueden estar por encima de siete millones de venezolanos”.
Caso Yorman Barrillas
Alfonso “Toto” Márquez, alcalde de Machiques de Perijá, se pronunció sobre la orden de detención en contra de Yorman Barrillas, diputado suplente de la AN y dirigente estudiantil de LUZ; así como de Carlos Palma y José Díaz, quienes son buscados por la muerte del estudiante Eleazar Hernández. Afirmó que se trata de una persecución política. “Se les pretende imponer un delito común cuando ellos no lo cometieron. Se pretende encarcelar a actores políticos perseguidos por el Gobierno”.