19 may. 2016

16 ONG piden anular estado de excepción por romper el orden constitucional

 

El Universal.- Por considerar que rompe el “orden constitucional” y “coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad” a los venezolanos, el Foro por la Vida rechazó el decreto de estado de excepción y de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, el bloque que agrupa a 15 organizaciones nacionales de Derechos Humanos, denunció que el texto pretende “legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos” al eliminar “atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional” tales como su necesaria aprobación para obtener financiamiento dentro o fuera del país o la posibilidad de sancionar políticamente a funcionarios.

Tras advertir que el texto que hace que todo crítico del Gobierno sea visto como “enemigo interno”, el Foro cuestionó la ambigua redacción del decreto, lo cual abre las puertas a “interpretaciones discrecionales y arbitrarias” que dejen en suspenso indefinidamente derechos como el de reunión pacífica por considerar que pueden servir para “acciones desestabilizadoras”.

La alianza también rechazó que se faculte a los consejos locales de abastecimiento y distribución y organizaciones comunitarias el ejercicio de labores de “control del orden público”, las cuales corresponden “estrictamente a los organismos de seguridad que deben ser de carácter civil”.
“La intervención de militares, milicias y grupos civiles en el ejercicio de estas funciones, actuando bajo doctrina o adhesión político-partidista contra posibles ‘enemigos internos’, genera condiciones para la violación sistemática y discriminatoria de Derechos Humanos”, alertó el Foro.
En similares términos se pronunció Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, agrupación que en otro comunicado alertó que “este tipo de funciones parapoliciales y paramilitares que otorga el decreto a personas naturales y jurídicas que no se encuentran autorizadas para ello (…) y la abierta indicación de permitir el porte de armas hasta tanto se suspenda, tal como queda establecido en el artículo 5 del Decreto, es inusual para un Estado de Excepción e incentiva la actuación de grupos y colectivos armados al margen de la ley”.

Por último, la organización llamó a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional a dar marcha atrás diciendo: “La imposibilidad de controlar a grupos que puedan atribuirse funciones en materia de orden público, seguridad y soberanía, en un ambiente críticamente polarizado (…) anarquizará aún más el país”.