22 ago. 2016

“Ministerio Público impide que se haga justicia cuando son presos políticos”




El retardo procesal en los casos de varios de los detenidos por las manifestaciones de 2014 en contra del gobierno retrata la injusticia en Venezuela. La justicia actúa con cuentagotas en el país. Hay personas que después de dos años aún esperan por la fecha para la audiencia preliminar. La falta de despacho y de voluntad política, y la renuncia de jueces han sido algunos de los motivos del retardo procesal.

El caso de Carlos Ramos, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es uno de los tantos expedientes que aún no tienen conclusión. El abogado defensor Eliécer Jiménez señaló que  este caso devela cómo la justicia venezolana, en vez de cumplir con su deber, obstruye los procesos y afecta la vida de personas inocentes.

Asegura que Ramos, quien es acusado de homicidio, se encuentra tras las rejas mientras que el verdadero autor del crimen fue liberado, pese a estar identificado como responsable del hecho.  “Eso es una violación tanto al debido proceso como el derecho a la defensa, y lo grave es que el Ministerio Público es el que impide que se haga justicia cuando se trata de presos políticos. Lamentablemente en este país los fiscales no se manejan con autonomía, sino con la orden que reciben de sus superiores”, expresó.

El politólogo Vasco da Costa lleva dos años privado de libertad. Ana María, su hermana, afirma que en Venezuela “no  hay Estado de Derecho”. Denuncia que se intensifican los actos de adoctrinamiento para que los detenidos vociferen consignas a favor de la revolución bolivariana.

“Yo me siento aplastada por el sistema. Hay tanto bandido y nadie los va a buscar; tanto bandido que lo sueltan porque tiene un uñero y la mamá le llora al fiscal para que lo envíe a su casa, pero cuando se trata de los presos políticos, se pueden estar pudriendo y dicen que están bien para mantenerlos encerrados. Esto es terrorismo de Estado”, afirmó.

Sin cerrar también están los casos de Marcelo Crovato y María Elena Uzcátegui. Elenis Rodríguez, presidente de Fundeci y codefensora de Crovato, abogado del Foro Penal, detenido mientras prestaba sus servicios como profesional del derecho, lamenta que  no haya avances y siga estancado. Señala que aunque su colega recibió una medida de arresto domiciliario, se espera por la absolución definitiva de todos los cargos.

“Un acto de buena voluntad” le costó la libertad a María Elena Uzcátegui, que en un intento por ayudar a las víctimas de la represión en una protesta, terminó detenida “como una delincuente más”, afirma el abogado defensor, Manuel Vírgüez.

Denuncia que los presos políticos en el país reciben peor trato que los delincuentes comunes, debido a que los torturan psicológicamente para hacerlos sentir culpables de delitos que no cometieron. “El sistema judicial se ha convertido en una maraña por el colapso que atraviesa la institución y eso se presta para olvidar. Hay insería en el sistema y falta voluntad política para hacer esos juicios como corresponde la ley”, señaló.

Presos sin cargos

El viernes pasado se venció el plazo para que la Fiscalía presentara los actos conclusivos de los abogados y activistas de Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Tanto la familia como la defensa exigen la liberación inmediata de los jóvenes. “No se puede retener a nadie sin acusación, ya que se violan todas las leyes. Nosotros como familia nos sentimos en un estado de indefensión, esto es un limbo jurídico”, afirmó María Luz Lara de Márquez, mamá de Francisco.