16 dic. 2016

“Los funcionarios que dieron la orden de disparar también tienen que pagar"


Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, asesinada en 2014, confirmó  la información  sobre la condena de los autores materiales de la muerte de su hija durante una protesta contra el gobierno en Valencia, estado Carabobo. 
Explicó que el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, Albin Bonilla, quien disparó en varias oportunidades en el rostro de Moreno, fue condenado a 30 años por el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamientos de pactos y convenios internacionales, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en grado de complicidad, mientras que  el también sargento primero  Francisco Caridad fue sentenciado a 16 años y 6 meses bajo los cargos de cómplice no necesario en el delito de homicidio calificado.
Orozco afirmó que la actuación de los tribunales representa “un pequeño rayo de luz de la justicia”, pero señaló que no es suficiente. Afirmó que en el caso hay 24 funcionarios de un batallón de la GNB que también arremetieron contra los manifestantes de Carabobo y exigió que se castigue al autor intelectual de la muerte de su hija. “Los funcionarios que dieron la orden de disparar también tienen que pagar”, indicó.
Aseguró que continuará la lucha por la que su hija dio la vida. “A Geraldine le enseñé que este país es lo más bello y hay que dar todo por él, ella así  lo hizo y pagó un precio muy alto. Ella desde el cielo me da fuerzas para que yo, desde la tierra, haga lo que deba hacer”, expresó con firmeza.
250 horas
A 250 horas del comienzo de la huelga de hambre de varios presos políticos que se encuentran recluidos en el Helicoide, se incrementa la preocupación de los familiares, debido a que no han podido tener comunicación e ignoran en qué situación se encuentran. 
José Fernández, padre de Villca Fernández, denunció que las instituciones del Estado mantienen silencio por este caso. Señaló que han acudido en varias oportunidades a la Defensoría del Pueblo, sin que el titular de ese despacho fije posición sobre lo que ocurre en el Sebin.
“Hay un silencio total por parte del Estado que nos preocupa. Yo hago responsable al gobierno de lo que pudiera ocurrirles a ellos y le exijo al defensor Tarek William Saab que cumpla con sus funciones”.
El hermano del diputado suplente Renzo Prieto, Omar Prieto, dijo que teme por la salud del estudiante: “No sabemos si tiene cuidados médicos como suero u otro insumo”. Además, exigió respeto para su investidura como parlamentario. “Les pido a las autoridades que no violen más sus derechos. Él fue escogido por un pueblo, déjenlo trabajar como debe ser”, dijo Prieto.