10 mar. 2017

Mujeres en la cárcel por Carlos Nieto Palma

El Nacional.- El martes 7, como antesala a la celebración del Día Internacional de la Mujer, Una Ventana a la Libertad, ONG que desde hace casi 20 años se dedica a defender y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de la cual tengo el honor de ser su coordinador general, presentó el informe “Derechos vulnerados a mujeres privadas de libertad en centros de detención preventiva”, donde se dan resultados de una investigación que hemos venido haciendo desde septiembre de 2016 en 89 centros de detención preventiva en Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Vargas, Zulia y de la Gran Caracas, donde permanecen detenidas 374 mujeres.
El informe revela: “Tras las rejas, en condición de hacinamiento, con acceso limitado a servicios de salud, con restricciones o impedimentos para recibir visitas de sus hijos y parejas y con nula o escasa información sobre el estatus judicial de sus casos, se encuentran las mujeres en los centros de detención preventiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad en Venezuela, en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La situación es igualmente compleja para madres, esposas y otras mujeres parientes de privados de libertad, quienes acuden regularmente a los centros de detención preventiva y deben superar múltiples limitaciones, con la esperanza de poder visitar a sus familiares o hacerles llegar alimentos o insumos para el aseo personal”.
Las mujeres representan solo 2% a 9% de la población penitenciaria del mundo. Es claro que las prisiones no han sido diseñadas para atender las necesidades de las mujeres, sino las de los hombres en prisión; ellos son la mayoría de la población mundial. Las mujeres privadas de libertad se encuentran invisibilizadas y sus necesidades y particularidades, ignoradas.
De acuerdo con la investigación solo 12 centros (13,48%) de los 89 monitoreados cuentan con áreas de visita que permitan a las privadas de libertad tener contacto con sus hijos. Asimismo, se pudo constatar que las reclusas embarazadas no reciben los controles médicos regulares, ni los medicamentos necesarios por su estado, al tiempo que las autoridades policiales desconocen los procedimientos requeridos para atender a las detenidas en estado de gravidez.
Las madres de niños menores de 3 años no tienen garantizado el derecho de estar con sus hijos, pues los centros de detención preventiva no cuentan con las condiciones adecuadas para ello. Tal fue el caso una privada de libertad que dio a luz mientras estaba detenida en la Policía Municipal de Guacara, Carabobo, y su bebé fue entregado a una casa de abrigo.
Según este informe, las detenidas también deben sortear las decisiones discrecionales de las autoridades. En Polimaturín, Monagas, existe un área para que las madres reciban a sus hijos, pero las autoridades del centro de reclusión les niegan el acceso con el argumento de que se podrían generar situaciones de autosecuestro. En Los Teques, Miranda, el hacinamiento en los calabozos de Poliguaicaipuro, donde conviven más de 70 detenidos, entre hombres y mujeres, 2 reclusas quedaron embarazadas de otros reclusos. La situación se repitió en Politáchira, en San Cristóbal, donde 2 internas salieron embarazadas de policías encargados de la custodia del recinto. En Falcón, 25 mujeres permanecen en 2 celdas de 4 x 2 metros, sin electricidad ni agua potable. Esto ha provocado brotes de escabiosis entre las detenidas.
Los centros de detención preventiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad tienen capacidad para 1.985 presos, pero actualmente 8.003 se encuentran recluidos en esas instalaciones, lo que indica una sobrepoblación de 403%. En promedio, hay 4 personas en el espacio que debería ocupar una. En estos centros, la población de mujeres recluidas (374) representa 4,67% del total.
Lamentablemente, en un país donde sus gobernantes se ufanan de tener el mejor sistema penitenciario del mundo, las mujeres presas en centros de detención preventiva conmemoraron la fecha en medio de una situación de precariedad y vulneración de sus derechos fundamentales, en la que hijos y familiares resultan también afectados.
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