17 abr. 2017

En Venezuela, hasta la policía judicial usa las redes sociales para acosar a quienes protestan contra el gobierno

cicpc_perseguidos
¿A quién denunciar cuando la policía se convierte en persecutor e incita a la delación? Runrun.es responde, a través de las voces de expertos, los pasos a seguir:
@loremelendez
“Con el fin de garantizar la paz en Venezuela, si tiene información sobre este generador de violencia, notifique de manera anónima al @0800Cicpc24”.
Con esas palabras, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), inició una campaña en Twitter a través de una de sus cuentas, @PrensaCicpc, que durante un par de días expuso al odio y a la persecución política a varios venezolanos que habían participado en las manifestaciones de Caracas.
Aunque la difusión comenzó el viernes, 7 de abril, el aumento de estos señalamientos, la aparición de nuevas cuentas con el mismo tipo de mensajes y la inclusión de más rostros en las horas siguientes, desató las críticas en las redes sociales el sábado pasado.
El mote “generadores de violencia” no solo fue aplicado a ciudadanos, sino también a legisladores elegidos por voto popular  y a defensores de derechos humanos que estaban en las marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia que hace dos semanas disolvieron el Parlamento de mayoría opositora. Entre los acusados están el concejal José Gregorio Cáribas, presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad del Cabildo Metropolitano; la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa, María Beatriz Martínez; y la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
Ante el hecho, varias organizaciones civiles como Foro Penal Venezolano, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, responsabilizaron al Estado por la integridad de las personas a quienes se etiquetaba como violentas.
“Estas personas son señaladas públicamente como violentos por una cuenta que es institucional y de allí la gravedad del hecho, porque eso es terrorismo de Estado”, sentenció el abogado penalista Eliécer Jiménez, quien alertó que en las fotografías difundidas, a ninguno de los señalados se les ve con armas o en una actitud que realmente evidencie que promueven la violencia.
“En ninguno de los casos hay pruebas, tampoco tienen abierto un procedimiento previo, ni siquiera les hicieron una notificación. Este es un organismo policial que se está dando a la tarea es una instigar, de manera directa, al odio porque le solicita a la ciudadanía que de información sobre estas personas, pone en tela de juicio su reputación, pudieran resultar agredidas”, advirtió.
Un buen primer paso, para el especialista, sería acudir a una ONG que defienda los derechos humanos y que pueda contar documentar el caso de cada uno de los afectados.