1 sept. 2017

Este informe podría llevar a Nicolás Maduro y a sus colaboradores a la cárcel

Holaiberoamérica / El Confidencial A. Martínez 
Este informe podría llevar a Nicolás Maduro y a sus colaboradores a la cárcel 
Bajo el título de “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017” se presentó un Resumen Ejecutivo de 47 páginas el cual reseña los aspectos más importantes del informe que está contenido en este link http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

El diario El Confidencial hace un buen resumen de lo que está escrito en el informe, a continuación lo reseñado por ese medio.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas… Un informe de la ONU documenta “exhaustivas” violaciones de derechos humanos y un uso excesivo de la fuerza “generalizado y constante” contra los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha apuntado hoy a posibles ejecuciones extrajudiciales y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales, que estallaron tras la decisión del Supremo de anular la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Las acciones de las fuerzas de seguridad evidencian “una política para reprimir a la disidencia política e infundir miedo“, según la ACNUDH, que pide al Gobierno de Nicolás Maduro que libere a los manifestantes detenidos arbitrariamente y que ponga fin al empleo de tribunales militares para juzgar a civiles. Ayer, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto para someter a juicio por “traición a la patria” a los líderes opositores que han apoyado la imposición de sanciones económicas por parte de EEUU.

“Con el paso del tiempo, hemos visto la erosión de la democracia en Venezuela y lo que está ocurriendo aumenta la impresión de que se está exprimiendo lo que queda de vida democrática. La democracia está apenas viva, si es que sigue viva”, ha comentado hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante la presentación del informe.

En cuanto al uso de armas contra los manifestantes, “la ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”, señala el informe definitivo sobre las supuestas violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murieron un total de 124 personas. De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.

Las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos niños, a tratos inhumanos o degradantes, equivalentes a actos de torturaLa ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país. Naciones Unidas recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.

Naciones Unidas ha señalado que hacen falta más pesquisas para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes contra la humanidad. No obstante, espera que su informe “sirva para la rendición de cuentas y como tal esperamos que sea empleado extensamente, incluido por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Ante la constatación de todos estos abusos, la ACNUDH tambien pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren “adoptar medidas” para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.

La OEA anunció en julio que comenzará en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay base para que alguno de los Estados miembros del organismo lleve al Gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), y lo hará con el asesoramiento de un exfiscal de ese tribunal, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.

Los casos de tortura

La ACNUDH también ha registrado “varios casos de desapariciones forzadas”, una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados. Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas. Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.

5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha en la que seguían arrestadas 1.383En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU. El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada). A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.

Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.