4 abr. 2018

LA RESPONSABILIDAD DEBE SER COMPARTIDA por Jackeline Sandoval de Guevara

Foto  @RCamachoVzla

Dra. Jackeline Sandoval de Guevara
Directora Ejecutiva
Fundación para el Debido Proceso



La responsabilidad compartida es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta cuando de detenidos se trata. Es muy fácil, cuando hay hechos que lamentar, buscar urgente un responsable, pero mas fácil hubiese sido evitar tragedias como la que ahora viven familiares de los victimas mortales acaecidas en los calabozos de la Policía de Carabobo.

Si, es cierto, hay que buscar responsables de esas violaciones a los Derechos Humanos, esos que directamente participaron en los hechos donde resultaran fallecidos 68 de presos, mas de 90 lesionados y hasta los momentos 4 funcionarios privados de libertad  pero ¿donde estuvo la supervisión de la directiva de PoliCarabobo y del gobierno regional?, ¿donde estaba la Ministro de Asuntos Penitenciarios?, ¿donde estaba la supervisión del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo?, ¿se justifica  la cantidad de al menos 200 privados de libertad en una delegación de la policía? Eso es un centro de reclusión mas, que no cuenta ni con los recursos necesarios, ni con la preparación por parte del personal de policía como agentes de custodia, y mucho menos con el espacio físico necesario, es decir, es una cárcel cualquiera en Venezuela.


Sobre este problema también tendríamos que preguntarnos ¿Donde están los informes del organismo policial, Ministerio Público y Defensoria del Pueblo denunciando el hacinamiento en los calabozos de PoliCarabobo? ¿En que año comenzó dicha irregularidad?  Quien debe decidir en cuanto a la estadía de los presos en esos calabozos? ¿Por que los jueces no dictaron medidas cautelares sustitutivas de libertad de muchos de esos detenidos para evitar el congestionamiento y hasta la muerte de varios de ellos? ¿Quien vela por el mantenimiento de los calabozos y alimentación de los detenidos que allí se encuentran?

Pero todo es resultado de nuestras peligrosas cárceles donde nadie quiere ir ni de visita, ¿creen los jueces que enviando a los detenidos, que están a la espera de un acto conclusivo, a un organismo policial le evitarían el trago amargo de estar en una cárcel aunque sea por unas horas?,  si hay al menos una posibilidad de salir en libertad, ¿no seria mas fácil dar medidas cautelares y asumir su responsabilidad en que no exista el retardo procesal que impera en nuestro país, que poner a la orden de los organismos policiales a estos detenidos?, ¿creen los jueces que en esos 45 días que se toma el Ministerio Público en decidir, si acusa o no, pueden salvaguardar en algo el riesgo a  perder la vida o la integridad física de estos imputados?, todo esto sin conocer una verdad que ahora golpea a varias familias venezolanas, no tenemos respuestas efectivas para tanta represión, no hay política criminal, no hay seguridad, no existe un sistema penitenciario capaz de mantener viva a una persona, mucho menos de rehabilitarla.

Esta situación de hacinamiento no solo la viven las 32 cárceles venezolanas sino todos los organismos de policías donde existen calabozos, quien detiene, ahora tiene la doble misión de aprehender y mantener detenida a la persona hasta que se le consiga un sitio de reclusión destinado por el órgano jurisdiccional, con la inmediata necesidad de convertirse en centro penitenciario, donde necesariamente se debe dar un trato a este recluso y a sus familiares y sobre todo, cumplir con los  derechos mínimos que todo privado de libertad tiene, así como velar por sus Derechos Humanos.

Ahora bien, se abusa también de ese miedo a ir a una cárcel, a un recinto penitenciario, se especula con el derecho a estar vivo, amanecer íntegro, a comer, a satisfacer las necesidades básicas de vida, en este país todo esto tiene un costo mas alto que ir a un hotel cinco estrellas. El gobierno debería ir pensando en hacer cárceles privadas, como lo prevé nuestra Constitución (articulo 272), ya que si igual hay que pagar, al menos cada quien podría escoger la tarifa que pueda costear, y conocerse realmente cuanto cuesta la vida de un preso.